El Dr. Binder sobre la realidad procesal penal argentina

Mientras en Buenos Aires, Argentina, se debate sobre el paso desde el sistema inquisitivo al acusatorio, impresiona como los diagnósticos iniciales no difieren demasiado de aquellos que motivaron el cambio en Chile y en otros lugares de américa.

El Dr. Alberto Binder, uno de los más destacados procesalistas del continente, y experto en sistema comparados, en esta entrevista, deja muy claras algunas cuestiones que motivan el cambio y de paso hace críticas muy categóricas al ministerio público, la policía, la labor de los jueces y de los abogados que hacen defensa, sin eludir tampoco referencias a la ética.

Se trata de observaciones válidas para realidades que van más allá de la República Argentina, y que confirman la necesidad urgente de las mutaciones procesales.

Sobre la presunción de inocencia

En este tema, han corrido ríos de tinta y también de sangre. Comenzamos a oir de la presunción de inocencia, en la facultad de derecho y de ahí al ejercicio profesional, casi como una etiqueta, a veces reivindicada y en otras ocasiones vilipendiada. ¿Cómo se compatibiliza con el tratamiento que recibe un individuo puesto frente al ius puniendi? ¿Que tan armónica se presenta con medidas privativas o restrictivas de libertad? ¿Cómo se ordena con el orden constitucional y supraconstitucional?

El Dr. Humberto Nogueira Alcalá, publicó un artículo en Ius et Praxis, cuyo resumen es extraordinariamente esclarecedor:

El artículo aborda el alcance de la presunción de inocencia en el ordenamiento jurídico nacional, teniendo en consideración el derecho convencional internacional de los derechos humanos, el código procesal constitucional y la jurisprudencia emanada de nuestros tribunales superiores como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para aprender y argumentar con eficacia sobre la presunción de inocencia. Aquí les dejo el link.

Audiencia Nacional española deja libre por error a preso sentenciado a 2500 años

España vive un curioso incidente, luego que el 13 de abril, la Audiencia Nacional, dejara en libertad, a un preso de la ETA, que había sido condenado en la década del 80 a  2.500 (dos mil quinientos) años de cárcel, por 22 asesinatos. En una equivocada resolución, los jueces indicaron que Antonio Troitiño había cumplido la condena.

Los jueces aplicaron equivocadamente la Doctrina del Tribunal Constitucional, denominada "doctrina Parot", que a través de un doble cómputo penal, por el Art. 17.1 de la Constitución Española, permite computar a la pena que se está cumpliendo efectivamente, el tiempo que la persona ha permanecido recluido en prisión preventiva en otra causa. Hay un límite de 30 años efectivos para toda condena, de ahí la resta de 7 años, porque el preso había cumplido ya 23 en prisión.

Pero el preso no podía ser objeto de dicho beneficio, porque otra resolución de la Audiencia Nacional, dictada días antes de la que lo dejó en libertad, señalaba que los descuentos debían hacerse en forma sucesiva, a medida que fuera cumpliendo las penas, pero esa no se conoció sino hasta 5 días después de la liberación de Troitiño, quien hoy permanece fugado.

¿Cuánto puede preguntar el Juez?

La definición de roles, constituye un principio fundamental de los sistemas acusatorios, donde la facultad de juzgar se radica en órganos jurisdiccionales, y el Ministerio Público asume la actividad de ejercer la acción penal. En el juicio oral, quienes incorporan la prueba son los intervinientes, es decir, los fiscales, los defensores y los querellantes, y el juez sólo observa un debate, que posteriormente decide.

Cuando el juez transgrede aquella pasividad, y por ejemplo pregunta más allá de meras aclaraciones, para obtener información como si fuera un investigador, el debido proceso se lesiona, e incluso pone en entredicho la imparcialidad del tribunal. Este asunto fue resuelto por la Corte Suprema de Chile, en una esclarecedora sentencia de 1 de septiembre de 2009, que resolvió un recurso de nulidad presentado por la defensa, contra la definitiva recaída en un juicio oral realizado en Chillán, Región del Bio Bio.

La sentencia motivó un artículo del Dr. Diego Palomo Vélez, Profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, que fue publicado en la Revista de Derecho de La U. Católica del Norte, titulado "Sobre las dificultades que genera la comprensión de las posibilidades y extensión del interrogatorio judicial en el marco de un proceso penal acusatorio adversarial"

Aquí el link.

Mujer apuñala a su novio porque no le deja ver Facebook

La historia ocurrió en Indiana, Estados Unidos. Una mujer de 21 años, de nombre Shemicka Mcvey, pidió a su novio Maurice Davenport, que le dejara ver el perfil que éste mantiene en Facebook, pero Maurice se negó, lo que desató la ira de Shemicka, quien premunida de un cuchillo cocinero, apuñaló al hombre en el brazo

Una vez que llegó la Policía Metropolitana, el novio informó a los agentes que todo se había debido a una disputa, y que no levantaría cargos contra la mujer, con la cual vive hace aproximadamente un año y tienen una hija de dos años. La policía no describió en su reporte las precisas razones por las cuales Shemicka quería ver el perfil de su novio, y éste tampoco entregó mayores detalles.

Más antecedentes sobre el incidente, en este link.

Juez Garzón es suspendido de sus funciones

El asunto comienza cuando el Juez Garzón se avoca a conocer el famoso caso Gurtel, que involucra a miembros del Partido Popular en supuestos actos de corrupción, una compleja trama relacionada con contratos fraudulentos. En esa investigación, ordena escuchas de conversaciones entre los abogados defensores, y algunos de lo imputados que permanecían en prisión.

La diligencia , motivó que el abogado Ignacio Peláez, ex fiscal y compañero de Garzón,  quien defiende a uno de los implicados, se querellara por el delito de prevaricación, que consiste en dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho. La impugnación es precisamente porque se violaría el secreto profesional, con las escuchas.

La querella es tramitada ante el Tribunal Supremo, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha calificado el asunto como un "fraude de ley", defendiendo la actuación de Garzón. Sin embargo, se ha abierto un juicio oral, y derivado de lo anterior, el Consejo General del Poder Judicial, ha decidido suspender de sus funciones al Juez, cuestión que debe ser ratificada por el Consejo en Pleno, el 28 de abril.

Luis Moreno Ocampo en TED

La sigla TED significa "Tecnología, Entretenimiento, Diseño", y representa a una organización sin fines de lucro, que se dedica a mostrar "ideas que vale la pena difundir", mediante las conferencias anuales o TED Conference y las TED Talks, donde invitan a destacadas personalidades, que en unos cuantos minutos, abordan temas de interés.

Tienen sus oficinas en Nueva York,  pero han realizado conferencias en países tan diferentes como Inglaterra, Tanzania, India, e incluso Buenos Aires. En esta última ciudad, el año 2010, expuso el Dr. Luis Moreno Ocampo, quien es abogado, y ocupa el cargo de Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, donde ha realizado numerosas investigaciones por delitos de lesa humanidad. Ha sido Profesor Asociado de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires.

En algo más de 17 minutos, relata su experiencia, explica su trabajo, y se refiere a la justicia interncional de los derechos humanos, en una charla imperdible.

Contra la responsabilidad de las personas jurídicas

El 2 de diciembre de 2009, se dictó en Chile la "Ley que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica", que lleva el número 20.393. El Dr. Alex Van Weezel, Abogado, Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor en Derecho de la Universidad de Bonn y Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, escribió una visión crítica de la ley, en el artículo titulado "Contra la responsabilidad de las personas jurídicas". El resumen dice:

El presente trabajo  de discusión contiene una crítica al establecimiento  de un  régimen  de responsabilidad  penal de las personas jurídicas y propone una interpretación  y aplicación restrictiva de la Ley N° 20.393. Según el autor, el dilema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas radica en  que no  existe una opción  de compromiso  que permita considerar a la persona jurídica como  sujeto  penal en  sentido  estricto, pues ello  significa liberar de responsabilidad a la persona natural que encarna el órgano, o bien prescindir del principio de culpabilidad. En efecto, si se examina cómo debe entenderse el reproche penal para que sea posible imponer una pena a un  sujeto  que tiene las características de una persona jurídica, se descubre que tal reproche necesariamente debe ser indiferente a la identidad  personal y a la culpabilidad  de su  destinatario. Por esta razón, se estima que la responsabilidad  penal de las personas jurídicas es un  cuerpo  extraño  en  el derecho  penal chileno, fundamentalmente orientado según el principio de culpabilidad.

El trabajo completo, en este link.