
La opinión del juez John Roberts en parte dice: "Coincidimos en que los solicitantes no han cumplido con su obligación de demostrar que el riesgo de dolor por la administración inadecuada de un procedimiento de inyección letal aceptablemente humano, y la imposibilidad de adoptar alternativas no puestas a prueba, constituyen un castigo cruel e inusual"
El procedimiento es el siguiente: una vez amarrado a la camilla con los brazos en cruz, el sujeto es inyectado con tres químicos: pentotal sódico, para causar inconciencia; bromuro de pancuronio, que paraliza todos los músculos excepto el corazón; y luego cloruro de potasio, que detiene ese órgano, lo cual causa la muerte.
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