Luego del terremoto que asoló a Chile el pasado 27 de febrero, y que alcanzó una intensidad de 8.8 de escala de Richter, ha existido gran polémica sobre las responsabilidades de los organismos encargados de dar la alerta, por el tsunami que dejó centenares de muertos, desaparecidos, y una gran destrucción en el borde costero que va de Maule a Talcahuano.
El Ministerio Publico, órgano encargado de la persecución penal, recién hoy, a través del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, dio a conocer su determinación de iniciar una investigación para determinar eventuales culpables en la cadena de errores que involucra al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), bajo la administración de la ex-Presidenta Michelle Bachelet.
El asunto es que el gobierno no fue eficiente en administrar la información derivada de tales organismos, por lo que a juicio del Fiscal Nacional "Que no se hayan dado las alertas de la manera en que estaba estipulado merece ser investigado. Puede que no haya responsabilidad penal, un delito; si tal vez una negligencia, que sólo por excepción es punible."
Sin embargo, esta decisión contrasta con lo dicho en los primeros días por el persecutor, quien había descartado cualquier investigación señalando que "No hay antecedentes que nos permitan estimar que hay una responsabilidad penal del Estado, por lo tanto, la Fiscalía no abrirá una investigación de oficio en materia penal, por el momento."
Un antes y un después para la persecución penal.
(Foto de Concepción, gentileza de Patricio Robles)
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