El instrumento de las escuchas telefónicas, ha sido severamente restringido por el gobierno de Silvio Berlusconi, sólo para los delitos que conllevan penas de 10 años, o de 5 años si se trata de delitos contra el estado.
La mayoría parlamentaria asegura la aprobación del proyecto de ley, que establece penas de cárcel para los periodistas que den a conocer las conversaciones privadas. Y las escuchas no pueden ser mantenidas por más de tres meses.
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