En un extenso reportaje dominical, el diario El Mercurio informa que el gobierno de Chile enviará durante el año 2009, un proyecto de ley que propone aumentar las penas para el homicidio, que actualmentes se castiga con 5 años y un día hacia arriba. El texto trae la opinión de un fiscal "indignado" (sic) que "declina dar su nombre" (sic) y dice:
Hoy día es más fácil hacer justicia por las propias manos que esperar un castigo justo para un asesino. Si alguien mata a mi hijo, yo podría asesinarlo, luego ir a la justicia a entregarme, confesar y lo más seguro es que me den un castigo con pena remitida, o sea, en libertad
Obviamente el fiscal no razona que dicha hipótesis podría estar cubierta por la eximente de responsabilidad del que actúa con arrebato u obcecación, o de quien actúa en legítima defensa, menos aún que quien pudiendo eludir la acción de la justicia se entrega, es acreedor de un atenuante, y que las dos primeras formas podrían dar lugar a eximentes incompletas. Ni mencionar que las atenuantes con ausencia de agravantes o compensadas, permiten rebajar la pena.
Pero el reportaje dice también que el gobierno ha decidido no enviar al parlamento el proyecto de Código Penal que se ha elaborado durante 5 años por 45 académicos, y optará por uno nuevo. Dentro de las razones que se esgrimen para tal decisión, precisamente está el asunto de las penas, porque el Foro Penal decidió aumentar a 10 años la del homicidio, pero rebajar a 20 el homicidio calificado que actualmente arriesga una condena perpetua de 40 años. El ministro de Justicia Carlos Maldonado señaló que:
Estamos revisando este tipo de cuestiones, porque si bien es cierto uno puede afirmar que elevar la sanción mínima coincide con las valoraciones sociales dominantes hoy en Chile, claramente bajar el máximo no lo hace. Un homicidio calificado: secuestro con homicidio, violación con homicidio, muerte de menores, me parece que no hay ninguna posibilidad de considerar que pueda tener una pena máxima de 20 años
En el mismo reportaje, el profesor Hector Hernandez, explica el asunto mediante el principio de proporcionalidad, de la siguiente forma:
La valoración fundamental que se hizo fue que el sistema vigente estaba absolutamente desproporcionado. Entonces, se aumentó levemente la pena del homicidio, se bajaron drásticamente las penas de delitos contra la propiedad, se eliminaron los presidios perpetuos de 40 años de cárcel y se dejaron penas de 20 años como máximo
Igual posición mantiene el profesor Miguel Soto:
Los delitos contra la propiedad tienen penas absolutamente desproporcionadas. No puede ser que un mero hurto tenga pena de crimen
Por supuesto que un aumento de la pena, hace muy difícil la obtención de beneficios intrapenitenciarios en la sentencia.
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