Allanan domicilio particular y oficina de abogado defensor en Chile

Hoy en la mañana, fueron allanadas la oficina y el domicilio particular del abogado Juan Pablo Bulnes, defensor del Sacerdote Fernando Karadima, quien está imputado de abusos sexuales. La diligencia fue encabezada por la Ministra en Visita Jessica Gonzalez y miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, toda vez que se trata de una causa que está siendo tramitada ante el sistema inquisitivo, hoy extinto en el país, atendidas las fechas en las cuales se habría perpetrado los abusos, y tenía por objeto obtener la copia del expediente eclesiástico que se tramitó contra el Sacerdote. El abogado Juan Pablo Bulnes, señaló que se trataba de una violación del secreto profesional, e informó que recurrirá de amparo ante el Colegio de Abogados.

Bajo la realidad acusatoria que actualmente rige en Chile para la generalidad de los casos, las facultades de investigar y juzgar, se encuentran separadas, y mientras el Ministerio Público realiza las diligencias, los jueces resuelven el conflicto y ejercen el control de todas aquellas diligencias que pueden afectar garantías constitucionales. Esto significa que para realizar cualquier diligencia de esta naturaleza, el Fiscal debe solicitar la correspondiente autorización al Tribunal de Garantía, cuestión que no ocurre en este caso, donde el modelo inquisitivo entrega al mero arbitrio del Juez, el efectuar o no la diligencia de allanamiento.

Para el nuevo sistema acusatorio, la norma de control dice:

Artículo 9º.- Autorización judicial previa. Toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa.  
En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía. 
Tratándose de casos urgentes, en que la inmediata autorización u orden judicial sea indispensable para el éxito de la diligencia, podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo al efecto, tales como teléfono, fax, correo electrónico u otro, sin perjuicio de la constancia posterior, en el registro correspondiente. No obstante lo anterior, en caso de una detención se deberá entregar por el funcionario policial 
que la practique una constancia de aquélla, con indicación del tribunal que la expidió, del delito que le sirve de fundamento y de la hora en que se emitió. 

La Ministro en Visita logró su objetivo, e incautó los documentos que buscaba, pese a la oposición del abogado, que nada pudo hacer para proteger el documento. Bajo la nueva realidad acusatoria, una diligencia como la realizada, sin autorización judicial, deviene en prueba ilícita y responsabilidades para el ejecutante. Más allá de un evidente problema de secreto profesional, oportunidad y legalidad, subsiste uno más grave: la dualidad de procedimientos en Chile, donde algunos son juzgados por el sistema inquisitivo y otros por el acusatorio, en condiciones muy diferentes, por cierto.