domingo, 10 de abril de 2011

El Fiscal Peña y los otros


La renuncia del Fiscal Alejandro Peña, al Ministerio Público de Chile, para incorporarse al trabajo del Ministerio del Interior, ha desatado toda clase de reacciones, entre las que se cuentan aquellas que derechamente condenan la actitud del prosecutor, quien dejaba el cargo de Fiscal Regional, por vencimiento del plazo, el próximo octubre.


Todo sistema acusatorio, se caracteriza por la existencia de funcionarios especializados, que han intervenido tiempo y recursos en su formación. En el caso del Fiscal Peña, su vida profesional comenzó mucho antes que su ingreso al Ministerio Público, como miembro del Poder Judicial, donde ocupó el cargo de Juez del Crimen y Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago, y no es aventurado sostener que tarde o temprano podría haber sido Ministro de Corte, en un camino natural y lógico de desarrollo profesional, pero optó por el rol de Fiscal, donde realizó una destacada carrera al mando de mediáticas investigaciones contra el narcotráfico, el denominado "caso bombas" y la más reciente, sobre las muertes en el incendio de la cárcel de San Miguel, entre otras.


Los sistemas penales, por norma general fijan plazos para la permanencia de los funcionarios en los cargos más altos, así por ejemplo, un Fiscal Regional, dura 10 años en el cargo y no puede ser reelegido, a diferencia de un Senador, por ejemplo, que por períodos de 8 años, puede continuar cuantas veces estime conveniente, si cuenta con los votos. En general para los políticos, no existen limitaciones, ni durante ni después de cesado el cargo, para que opten a nuevas actividades, por lo que resulta absurdo proponer que para los Fiscales, Jueces o Defensores, existan períodos de espera, donde sometidos a una verdadera interdicción, estén impedidos de asumir otras funciones. Son múltiples los casos en los cuales ex Ministros de Estado, ex parlamentarios, luego de concluído el período, asumen cargos en el ámbito privado, como directores de empresas, por ejemplo, o en la propia administración pública, sin limitaciones.


Si el Fiscal Peña, a escaso tiempo de cesar sus funciones, ha optado por otro trabajo, simplemente busca nuevos horizontes de desarrollo profesional, como podría hacerlo cualquier persona que opta por un mayor bienestar, en la plenitud de su vida laboral. Es absurdo pretender que un acto como el comentado, pueda lesionar la autonomía del Ministerio Público, porque inhibir a un funcionario en tales circunstancias, es imponer una carga que por lo demás es ajena a otros funcionarios del estado. El prestigio profesional, siempre será una tarea personal, un capital propio y valioso, que no puede ser anulado por disposiciones estatales, ni menos por opiniones que se fundamentan más bien en la política contingente y no en el reconocimiento a quien ha realizado bien su trabajo. 


2 comentarios:

Paula Herrera dijo...

Creo que es una verguenza que algunos politicos critiquen que un profesional busque un nuevo trabajo, que por lo demas es lo que hacen todos al quedar cesantes...
¿por que alguien que ha desempeñado su trabajo en forma correcta deberia estar en su casa 6 meses sin hacer nada?
Creo que el descaro de algunos politicos,solo para llamar la atencion, da verguenza.

Pablo Rojas dijo...

Una crítica tangible dirá relación con la praxis observada en el ejercicio de las funciones de este Fiscal. Se requiere tan solo analizar eventos como el caso bombas para entender un asunto donde, más que vinculado a la separación clara de funciones estatales y de arquitectura republicana (y hasta ética republicana, según varios), la práctica de una política criminal histérica advierte y funciona contra una comunidad política sumisa.

"Así habló Zaratustra" es un texto cuya tenencia no constituye siquiera un acto preparatorio de delitos. Menos aún, el contenido de esta obra de Nietzche no es idóneo para vincular su mensaje a ideas anarquistas que, eventualmente, se concreten en la comisión de actos terroristas. Al texto citado recurrió este señor, quien sabe con qué efecto, a la hora de presentar antecedentes preparando lo que después sería su acusación criminal.

El problema está en que, como se desprende de las declaraciones del Ministro del Interior y Seguridad Pública, la idea de política criminal que sustenta este tipo de prácticas es la que hace compatible el actuar de Peña con lo que pretende este Ministerio; un derecho penal de prima ratio.